- El Decreto-ley 36/2025 entró en vigor el 29 de marzo de 2025; la Ley 74/2025 (Gaceta Oficial n. 118) lo convirtió con modificaciones y rige desde el 24 de mayo de 2025.
- El nuevo artículo 3-bis de la Ley 91/1992 establece que quien nació en el exterior y posee otra ciudadanía se considera que nunca adquirió la ciudadanía italiana, salvo que se cumpla una de cinco condiciones tasadas.
- Las solicitudes presentadas con la documentación completa antes de las 23:59 (hora de Roma) del 27 de marzo de 2025 —o en la fecha de un turno comunicado antes de ese momento— se resuelven con la norma anterior.
- El 12 de marzo de 2026 la Corte Constitucional anunció que declaraba las cuestiones «en parte infundadas y en parte inadmisibles». La sentencia n. 63/2026 se depositó el 30 de abril de 2026: la reforma sigue plenamente vigente.
- Las declaraciones por hijos menores son gratuitas desde el 1 de enero de 2026. Para los menores que lo eran al 24 de mayo de 2025, el plazo se prorrogó del 31 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2029 (Ley n. 26 de 27 de febrero de 2026, art. 1, apartado 19-ter): la declaración sigue pudiendo presentarse.
- La tarifa consular es de 600 € por cada solicitante mayor de edad, no reembolsable, con independencia del resultado.
En Rosario, en Montevideo, en Caracas o en Guadalajara hay carpetas que llevan décadas abiertas. Dentro está la partida de nacimiento de un bisabuelo emitida por un comune de Calabria, la traducción amarillenta de un acta de matrimonio, la copia legalizada de un certificado que costó tres viajes al Registro Civil. Esas carpetas fueron, durante ciento sesenta años, el título de un derecho. El 28 de marzo de 2025 dejaron de serlo para la mayoría de quienes las guardaban.
Este artículo no explica cómo obtener la ciudadanía italiana por descendencia. Explica qué dice hoy la norma, con la fuente delante, para que usted pueda saber en qué lado de la línea quedó su familia. No promete resultados y no acorta plazos: el reconocimiento iure sanguinis nunca fue rápido y ahora, además, es mucho más estrecho.
¿Qué cambió el 28 de marzo de 2025?
La ciudadanía italiana se apoya desde siempre en el principio de ius sanguinis, el derecho de la sangre. Estaba codificado en el Código Civil de 1865 y confirmado por la Ley 555 del 13 de junio de 1912. Durante más de siglo y medio permitió que los descendientes de emigrantes italianos reclamaran la ciudadanía sin límite generacional, siempre que pudieran probar una cadena documental ininterrumpida desde un antepasado italiano que no hubiera roto la línea de transmisión.
Conviene precisar algo que muchos gestores explican mal. Antes de la reforma, la cadena no se rompía solamente con una renuncia formal a la ciudadanía: también se rompía con la naturalización extranjera voluntaria del antepasado, en aplicación de la propia Ley 555 de 1912. Esta distinción decide muchos expedientes rioplatenses, porque el italiano que se hizo argentino, uruguayo o brasileño antes del nacimiento de su hijo dejó de transmitir en ese mismo acto.
El sistema aguantó hasta que el volumen se volvió inmanejable. Las crisis económicas en los países de emigración italiana —Argentina y Brasil por delante de todos— y el atractivo creciente del pasaporte europeo produjeron un aumento histórico de solicitudes. La relación técnica del proyecto de ley de conversión del Decreto-ley 36/2025 estimó en más de 60 millones los ítalo-descendientes en el mundo, dato que la propia Corte Constitucional recoge en la sentencia n. 63 de 2026. Los consulados italianos en América Latina quedaron desbordados.
El gobierno respondió con un decreto de urgencia. El 28 de marzo de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el Decreto-ley 36/2025, publicado esa misma noche en la Gaceta Oficial y vigente desde el 29 de marzo de 2025. La prensa lo bautizó «decreto Tajani», por el ministro de Exteriores Antonio Tajani. El Parlamento lo convirtió con modificaciones en la Ley 74 del 23 de mayo de 2025, publicada en la Gaceta Oficial n. 118 y vigente desde el 24 de mayo de 2025. Es la reforma más profunda de la ley de ciudadanía italiana en treinta años.
¿Qué dice exactamente el artículo 3-bis?
La Ley 74/2025 introdujo en la Ley 91/1992 un artículo nuevo, el 3-bis. Su primer párrafo dice, en traducción literal del texto que publican los consulados italianos en Argentina, que «se considera que no ha adquirido nunca la ciudadanía italiana quien haya nacido en el extranjero, incluso antes de la entrada en vigor del presente artículo, y posea otra ciudadanía», salvo que se cumpla una de cinco condiciones. Léalas despacio, porque son tasadas y no admiten interpretación amplia.
Letra c): un padre o un abuelo exclusivamente italiano
Un ascendiente de primer o segundo grado —padre, madre, abuelo o abuela— posee, o poseía al momento de su fallecimiento, exclusivamente la ciudadanía italiana. La circular ministerial precisa que la fecha en la que debe existir ese requisito es la del hecho que da lugar a la adquisición: si usted pide el reconocimiento iure sanguinis, se mira la situación a la fecha de su nacimiento. Si el abuelo murió antes de que usted naciera, se mira el momento de su muerte.
La prueba corre por cuenta del solicitante y no basta una declaración jurada. Los oficiales del estado civil italianos pueden pedir certificados negativos de ciudadanía, constancias de no renuncia y de no inscripción en padrones electorales extranjeros, y cualquier otro documento útil, traducido y legalizado. En Argentina, Uruguay o Venezuela, donde la doble ciudadanía fue la norma durante generaciones, encontrar a un ascendiente exclusivamente italiano es mucho menos frecuente de lo que la gente supone.
Letra d): el progenitor que residió dos años en Italia
Un progenitor o adoptante residió en Italia al menos dos años continuos después de haber adquirido la ciudadanía italiana y antes de la fecha de nacimiento o adopción del hijo. La residencia se prueba con un certificato storico di residenza (certificado histórico de empadronamiento) emitido por el comune. Debe ser continua y, se insiste, posterior a la adquisición de la ciudadanía por parte del progenitor.
Letras a), a-bis) y b): los expedientes que ya estaban en marcha
Tres condiciones protegen a quien ya había empezado. La letra a) ampara a quien presentó la solicitud, con la documentación necesaria, ante la oficina consular o el alcalde competente antes de las 23:59 hora de Roma del 27 de marzo de 2025. La letra a-bis) ampara a quien la presentó en la fecha de un turno fijado y comunicado por la oficina competente —por el sistema Prenot@Mi— antes de ese mismo instante. La letra b) ampara a quien había presentado una demanda judicial en Italia antes de esa hora.
El matiz que más expedientes ha tumbado es «con la documentación necesaria». Los consulados aclaran que solo se admite subsanar carencias formales —una traducción imprecisa, un acta que no incide directamente en la ciudadanía—. Una carpeta entregada a tiempo pero incompleta en lo sustancial cae bajo la norma nueva.
El efecto práctico es fácil de enunciar y duro de aceptar. Descender de un bisabuelo italiano ya no alcanza para las solicitudes presentadas después del 27 de marzo de 2025, salvo que se cumpla alguna de las excepciones anteriores. Y esa es exactamente la genealogía típica de la emigración argentina, uruguaya, brasileña y venezolana, cuyo antepasado italiano suele situarse en la gran ola de 1880 a 1940.
El «caso del menor»: la circular que rompe la cadena hacia atrás
Hay un segundo frente, anterior a la reforma y todavía activo. La Circular n. 43347 del 3 de octubre de 2024 del Ministerio del Interior italiano —disponible en el sitio del Departamento de Libertades Civiles e Inmigración— aplicó la doctrina de la Corte de Casación (autos n. 454/2024 y n. 17161/2023) al llamado minor issue.
La regla es esta: si un antepasado italiano se naturalizó ciudadano extranjero mientras convivía con hijos menores de edad, esos hijos perdieron la ciudadanía italiana en ese mismo momento, aunque hubieran nacido antes de la naturalización, si el antepasado no la recuperó después. La transmisión se corta ahí, y con ella toda la rama.
Dos precisiones importan. La primera: se trata de una posición interpretativa vinculante para la administración, no de una norma nueva; los tribunales pueden valorar cada caso, pero la práctica consular sigue hoy esta lectura. La segunda: la mayoría de edad, a estos efectos, era de 21 años hasta el 9 de marzo de 1975 y pasó a 18 desde el 10 de marzo de 1975. Un año de diferencia en la fecha de naturalización del bisabuelo puede decidir el expediente entero.
Qué decidió la Corte Constitucional en 2026
El Tribunal Civil de Turín, por auto del 25 de junio de 2025, elevó a la Corte Constitucional la cuestión de legitimidad del artículo 3-bis. El argumento era de sentido común jurídico: la norma creaba una disparidad difícil de justificar entre quien presentó su solicitud el 27 de marzo de 2025 y quien, con idéntico título genealógico, la presentó un día después.
El 12 de marzo de 2026 la Oficina de Prensa de la Corte Constitucional publicó un comunicado: las cuestiones habían sido declaradas «en parte infundadas y en parte inadmisibles». La sentencia n. 63/2026 se depositó el 30 de abril de 2026. La Corte reconoció al legislador un margen amplio de discrecionalidad en materia de ciudadanía, siempre que los criterios adoptados no sean manifiestamente arbitrarios, y situó dentro de ese margen el límite generacional al padre y al abuelo.
Conclusión sin adornos: las restricciones del Decreto-ley 36/2025 siguen plenamente en vigor. Quien esperaba que la vía constitucional reabriera la puerta debe planificar sobre la norma tal como está.
La línea materna y el corte de 1948
Antes del 1 de enero de 1948, fecha de entrada en vigor de la Constitución republicana italiana, las mujeres italianas no podían transmitir la ciudadanía a sus hijos. Quien desciende por línea femenina de una antepasada italiana cuyo hijo nació antes de esa fecha nunca pudo pedir el reconocimiento en el consulado: debía —y debe— acudir a un juicio en Italia.
Esa vía judicial sigue disponible para quienes iniciaron el procedimiento antes del 27 de marzo de 2025, al amparo de la letra b). Para las demandas presentadas después de esa fecha, las restricciones de la Ley 74/2025 se aplican también en sede judicial, como confirman las páginas consulares actualizadas. Es un punto que conviene verificar con un abogado en Italia antes de gastar un peso: el «juicio del 48» dejó de ser una puerta abierta por defecto.
Si su plan pasa por vivir en Italia mientras estudia su caso, estructuramos residencia, fiscalidad y vivienda desde el primer día.
Quién ya no califica: las alternativas que existen de verdad
La reforma cerró una puerta y abrió otra, más pequeña y más exigente. Conviene conocerlas todas antes de decidir.
Naturalización acelerada: dos años en lugar de tres
La Ley 74/2025 modificó la letra a) del artículo 9, párrafo 1, de la Ley 91/1992. Para el ciudadano extranjero cuyo padre, madre o ascendiente en línea recta de segundo grado sea o haya sido ciudadano italiano por nacimiento, el periodo de residencia legal en Italia exigido para pedir la concesión de la ciudadanía baja de tres a dos años.
Dicho esto sin edulcorar: es una concesión discrecional del Estado, no un derecho automático. Da la facultad de presentar la solicitud, no la certeza de obtenerla. Exige traslado real a Italia, inscripción en el padrón municipal (la anagrafe) y residencia legal ininterrumpida durante dos años completos. Quien evalúe este camino hará bien en empezar por la guía práctica de cómo emigrar a Italia y por la elección del documento de entrada, porque para residir dos años hace falta primero una visa, y nuestros programas de traslado parten justamente de ahí.
Naturalización ordinaria por residencia
Los ciudadanos de la Unión Europea que hayan residido legalmente en Italia durante cuatro años pueden solicitar la naturalización. Los extracomunitarios —el caso de casi todos los lectores latinoamericanos— necesitan por regla general diez años, con requisitos de renta, antecedentes penales y conocimiento del italiano al nivel B1. Quien busque la vía más barata para acumular esos años suele empezar por la visa de estudiante, que permite trabajar a tiempo parcial y convertirse después.
Ciudadanía por matrimonio
El cónyuge de un ciudadano italiano puede solicitar la ciudadanía después de dos años de residencia legal en Italia o, si vive en el exterior, tres años desde la fecha del matrimonio: el trámite puede iniciarse desde Buenos Aires, Montevideo o Caracas sin mudarse. Los plazos se reducen a la mitad si hay hijos nacidos o adoptados por los cónyuges, y la solicitud se tramita por un canal distinto del reconocimiento por descendencia.
La readquisición del artículo 17, hasta el 31 de diciembre de 2027
Esta es la puerta que casi nadie menciona y que en el Río de la Plata tiene destinatarios concretos. La nueva redacción del artículo 17 de la Ley 91/1992 permite que quien nació en Italia, o residió allí al menos dos años continuos, y perdió la ciudadanía en aplicación del artículo 8, números 1 y 2, o del artículo 12 de la Ley 555 de 1912, la readquiera mediante una declaración de voluntad. La ventana está abierta entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de diciembre de 2027.
Es decir: el emigrante que salió de niño de Italia, se nacionalizó en su país de acogida y perdió por ello la ciudadanía italiana puede recuperarla dentro de ese plazo. No se aplica a quien renunció a la ciudadanía italiana —o la perdió por otro motivo— a partir del 16 de agosto de 1992. La declaración se presenta personalmente: ante el oficial del estado civil del comune si usted reside en Italia, o ante el consulado italiano de su jurisdicción si reside en el exterior (artículo 23 de la Ley 91/1992). Las declaraciones de readquisición presentadas ante un consulado están además exentas del aporte de 250 € del artículo 9-bis.
Los documentos que pide el consulado, uno por uno
La documentación sigue rigiéndose por la Circular K.28.1 del 8 de abril de 1991, que los consulados en Argentina reproducen íntegra. En concreto: partida de nacimiento del antepasado italiano emigrado, emitida por el comune donde nació; partidas de nacimiento de todos sus descendientes en línea recta, incluida la suya; acta de matrimonio del antepasado y de todos los descendientes en línea recta, incluida la de sus padres; certificado de la autoridad extranjera que acredite que el antepasado no adquirió la ciudadanía del país de emigración antes del nacimiento de su ascendiente; y certificado consular italiano de no renuncia conforme al artículo 7 de la Ley 555/1912. Para la norma nueva se añade el certificado histórico de residencia que prueba los dos años en Italia.
Las actas extranjeras se presentan con traducción oficial al italiano. En Argentina, las actas civiles expedidas antes del 12 de julio de 1990 deben legalizarse con la Apostilla de La Haya; las actas eclesiásticas deben ir selladas por la autoridad eclesiástica, apostilladas y traducidas. No se aceptan simples certificados ni libretas de familia: se piden las actas, fotocopias legalizadas del libro del Registro Civil. El Consulado General en La Plata añade un requisito propio: residir en la jurisdicción consular desde al menos seis meses.
Cómo se presenta y cuánto cuesta
La solicitud de reconocimiento se presenta en persona, con turno, en el consulado competente o en el comune italiano. El turno se reserva por Prenot@Mi. El portal ALI del Ministerio del Interior sirve para otros canales de ciudadanía y no se aplica al reconocimiento por descendencia.
La tarifa consular es de 600 € por cada solicitante mayor de edad, no reembolsable y con independencia del resultado. Rige desde el 1 de enero de 2025, cuando sustituyó al importe anterior de 300 €. En Argentina se abona exclusivamente por transferencia bancaria en pesos, por el importe vigente a la fecha del turno según la tabla de tarifas consulares que cada consulado actualiza por trimestre. A eso se suman las actas originales, las apostillas y las traducciones. Y el tiempo, que es el costo que nadie factura.
El plazo para los hijos menores: hasta el 31 de mayo de 2029
Hubo un plazo, hoy vencido, que afectó a familias que ya tenían la ciudadanía reconocida. El artículo 1, párrafo 1-ter, del Decreto-ley 36/2025 estableció que los menores de edad al 24 de mayo de 2025, hijos de ciudadanos por nacimiento comprendidos en las letras a), a-bis) o b) del artículo 3-bis, podían presentar la declaración de voluntad del artículo 4, párrafo 1-bis, letra b), hasta las 23:59 hora de Roma del 31 de mayo de 2026, y quien cumplía 18 años antes de esa fecha debía presentarla él mismo dentro del mismo plazo. Ese plazo fue prorrogado. La Ley n. 26 de 27 de febrero de 2026 (art. 1, apartado 19-ter) sustituyó esa fecha por el 31 de mayo de 2029, de modo que la declaración sigue pudiendo presentarse. Sigue abierto también el de los nacidos después del 24 de mayo de 2025: tres años desde el nacimiento o desde la fecha en que se establezca la filiación.
El artículo 1, párrafo 513, de la Ley de Presupuestos para 2026 (Ley del 30 de diciembre de 2025) introdujo dos cambios en vigor desde el 1 de enero de 2026. Primero: la declaración es gratuita —desaparece el aporte de 250 € previsto por el artículo 9-bis—. Segundo: para los nacidos después del 24 de mayo de 2025, el plazo pasa de uno a tres años desde el nacimiento o desde la fecha en que se establezca la filiación. Las modificaciones no son retroactivas y no hay reembolso para quien pagó antes del 31 de diciembre de 2025.
Veintisiete millones de emigrantes: el contexto que explica la reforma
El peso político y humano de esta reforma solo se entiende con las cifras de la historia detrás. La sentencia n. 142/2025 de la Corte Constitucional recoge —sobre la base de los autos de los tribunales remitentes— que entre 1870 y 1970 alrededor de 27 millones de ciudadanos italianos abandonaron el país, y que aproximadamente la mitad no regresó nunca.
Sus descendientes se concentran hoy en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Australia y Canadá. Hasta la reforma tenían una expectativa de ciudadanía italiana que muchas familias habían perseguido durante generaciones, con carpetas heredadas de padres a hijos. La prensa internacional documentó cómo miles de familias habían iniciado procesos de traslado a Italia sobre la base de esa expectativa y se encontraron de golpe fuera de plazo tras el decreto del 28 de marzo de 2025, sin periodo de gracia. La estimación de más de 60 millones de personas potencialmente elegibles hacía la reforma políticamente inevitable; eso no reduce su costo humano.
Conclusión
La reforma de la ciudadanía por descendencia no subió un peldaño burocrático. Redefinió quién es italiano por sangre y quién ha dejado de serlo, al menos en términos jurídicos. Para quien tiene un padre o un abuelo que poseyó exclusivamente la ciudadanía italiana, el derecho sigue existiendo y se ejerce con la documentación correcta y un turno consular. Para quien desciende de bisabuelos o de antepasados más remotos, la vía automática se cerró el 27 de marzo de 2025.
Lo que la reforma abrió —y merece estudiarse con calma— es la naturalización acelerada en dos años para quien acredite raíces italianas documentadas y esté dispuesto a mudarse de verdad. No es un derecho automático y nadie debería presentarlo como tal. Es un camino concreto para quien esté preparado a construir un vínculo real con Italia: vivir allí, inscribirse en el comune, echar raíces. Y hay un dato de calendario que conviene tener presente antes de contar los meses: el artículo 9-ter de la Ley 91/1992 fija el plazo de resolución de estos procedimientos en veinticuatro meses, prorrogables hasta un máximo de treinta y seis, desde la presentación de la solicitud. Y si esa mudanza llega en edad de jubilación, el orden de los trámites cambia: conviene planificarlo antes de comprar el pasaje. En cierto modo, exactamente lo que hicieron sus antepasados, en la dirección contraria.
- Gaceta Oficial de la República Italiana — Texto de la Ley 74/2025 que convirtió el Decreto-ley 36/2025 y reformó la Ley 91/1992.
- Consulado General de Italia en Buenos Aires — Texto del artículo 3-bis en español, documentación exigida y forma de pago en pesos.
- Consulado General de Italia en La Plata — Requisitos de legalización de actas argentinas y residencia mínima en la jurisdicción.
- Ministerio del Interior de Italia — Circular 43347 del 3 de octubre de 2024 sobre la interrupción de la cadena por naturalización del antepasado.
- Corte Constitucional de Italia — Sentencia n. 63/2026, depositada el 30 de abril de 2026, sobre el artículo 3-bis.
- Consulado General de Italia en Buenos Aires — Nota del 6 de enero de 2026 sobre la gratuidad de las declaraciones; el plazo que allí se indica (31 de mayo de 2026) fue prorrogado después al 31 de mayo de 2029.
- Normattiva — Texto vigente y consolidado de la Ley 91/1992.
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Preguntas frecuentes
Bajo la Ley 74/2025 (artículo 3-bis de la Ley 91/1992), descender de un bisabuelo ya no alcanza para las solicitudes presentadas después del 27 de marzo de 2025, salvo que se cumpla una de las excepciones tasadas. Quien presentó formalmente el expediente completo —o tenía un turno comunicado por la oficina competente— antes de las 23:59 hora de Roma de esa fecha se resuelve con la norma anterior, que no tenía límite generacional.
Puede calificar si ese abuelo poseía exclusivamente la ciudadanía italiana en el momento de su fallecimiento o en el momento del nacimiento de su padre o madre. Si se naturalizó ciudadano extranjero y su progenitor era entonces menor de edad y convivía con él, la cadena de transmisión pudo romperse conforme a la Ley 555 de 1912, según la lectura de la Circular 43347/2024 del Ministerio del Interior.
Sí, si la solicitud se presentó formalmente con la documentación necesaria, o si un turno consular estaba fijado y comunicado por la oficina competente, antes de las 23:59 hora de Roma del 27 de marzo de 2025. El punto crítico es la palabra «necesaria»: solo se admite subsanar defectos formales. Una carpeta entregada a tiempo pero incompleta en lo sustancial cae bajo la norma nueva.
El 12 de marzo de 2026 la Corte anunció que declaraba las cuestiones planteadas por el Tribunal de Turín «en parte infundadas y en parte inadmisibles». La sentencia n. 63/2026 se depositó el 30 de abril de 2026 y reconoció al legislador un margen amplio de discrecionalidad, siempre que los criterios no sean manifiestamente arbitrarios. Las restricciones siguen plenamente vigentes.
Es lo mismo. En español ambas expresiones se usan para el mismo trámite y en Italia se llama riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. No es un otorgamiento nuevo: cuando procede, la administración reconoce un estado que ya existía desde el nacimiento. Por eso el expediente es documental y no discrecional, a diferencia de la naturalización.
Se presenta en persona, con turno reservado por Prenot@Mi, ante el consulado competente o el comune italiano. El portal ALI del Ministerio del Interior corresponde a otros canales de ciudadanía y no se aplica aquí. La tarifa consular es de 600 € por solicitante mayor de edad, vigente desde el 1 de enero de 2025, no reembolsable, y en Argentina se paga en pesos por transferencia según la tabla del trimestre.
La Ley 74/2025 redujo de tres a dos años el periodo de residencia legal en Italia para pedir la concesión de la ciudadanía a quien tenga un padre, madre o abuelo que sea o haya sido ciudadano italiano por nacimiento. Es una concesión discrecional del Estado, no un derecho automático: exige traslado real, inscripción en el padrón municipal y residencia legal ininterrumpida durante dos años.
Sí, y hay tiempo. Los padres de menores que lo eran al 24 de mayo de 2025, hijos de ciudadanos por nacimiento, pueden presentar la declaración de voluntad hasta las 23:59 hora de Roma del 31 de mayo de 2029: la Ley n. 26 de 27 de febrero de 2026 prorrogó tres años el plazo original del 31 de mayo de 2026. Desde el 1 de enero de 2026 esa declaración es gratuita. Para los nacidos después del 24 de mayo de 2025 el plazo es de tres años desde el nacimiento.
Sí. Italia admite la doble ciudadanía sin restricciones desde 1992, y con Argentina existe además un convenio específico de doble ciudadanía que los consulados tramitan por un canal propio. La restricción nueva no recae sobre usted, sino sobre el ascendiente: el padre o abuelo que le transmite debe haber poseído exclusivamente la ciudadanía italiana, con las reglas de pérdida y readquisición anteriores a 1992.
El AIRE es el registro de italianos residentes en el exterior, y solo concierne a quien ya es ciudadano italiano reconocido. La inscripción en el AIRE se hace en el consulado de su jurisdicción y es la que permite votar, renovar el pasaporte y gestionar actas. No sirve para pedir el reconocimiento: es el paso siguiente, no el anterior.
