- Italia nunca ha tenido una golden visa inmobiliaria. No existe una vía que dé residencia a cambio de comprar una casa, y no la ha habido nunca.
- Si usted tiene la ciudadanía de un país de la Unión Europea —España incluida— no necesita ninguna visa de inversor para vivir en Italia: le basta con inscribirse en el padrón municipal acreditando medios suficientes y cobertura sanitaria (D.lgs. 30/2007, Directiva 2004/38/CE). Lo que sí le interesa de esta página es el marco fiscal y la comparación con la golden visa española, suprimida desde el 3 de abril de 2025.
- Si viene de un país fuera de la Unión —Argentina, Uruguay, Venezuela, México, Chile o Colombia— esta es su página: la vía de inversión existe, tiene umbrales concretos y no pasa por comprar una casa.
- Y si tiene un abuelo o bisabuelo italiano, antes de mover un solo euro compruebe si le alcanza el reconocimiento de la ciudadanía: sería la puerta más barata y más estable de todas.
- Lo que sí existe es la Investor Visa for Italy, creada por el artículo 26-bis del Texto Único de Inmigración e introducida por la Ley 232/2016, con cuatro inversiones admitidas y ninguna más.
- Los cuatro umbrales, publicados por el Ministerio de Empresas y del Made in Italy: 2 millones de euros en deuda pública italiana, 500.000 € en una sociedad de capital italiana, 250.000 € en una startup innovadora inscrita en el registro, 1 millón de euros en una donación filantrópica.
- El manual operativo del programa, de 19 de julio de 2021, dice algo que conviene leer dos veces: tener un inmueble no sirve ni siquiera para acreditar que usted dispone del dinero de la inversión mínima.
- La golden visa española quedó suprimida el 3 de abril de 2025 (Ley Orgánica 1/2025); Portugal sacó el inmueble de la lista en 2023; Italia no ha tenido que corregir nada porque nunca lo incluyó.
- El complemento fiscal: flat tax para nuevos residentes de 300.000 € anuales desde el 1 de enero de 2026, hasta 15 años, ampliable a familiares por 50.000 € cada uno.
Cada año, miles de personas escriben «golden visa Italia» en un buscador dando por hecho que el país tiene un programa de residencia por compra de vivienda parecido al portugués, al español o al griego. La respuesta corta es que no lo tiene. La larga es bastante más interesante, y es la que decide si a usted le conviene o no: Italia construyó un sistema selectivo, con cuatro puertas de entrada tasadas por ley, que premia el capital productivo y deja fuera la especulación inmobiliaria. Entender ese sistema es lo que separa un proyecto que funciona de una mudanza que se encalla en el consulado.
En esta página encontrará qué es exactamente la vía italiana para inversores, cuánto cuesta de verdad más allá del umbral publicado, qué derechos da a su familia, cómo se compara con las golden visas europeas en 2026 —empezando por la española, que ya no existe— y cómo encaja con los regímenes fiscales italianos. Si lo que busca es el paso a paso del trámite, con el nulla osta, la plataforma y los plazos, lo tiene desarrollado en la guía de la visa de inversor para Italia.
¿Por qué Italia no tiene una golden visa ligada a la compra de vivienda?
Una decisión política, no un olvido
El legislador italiano nunca quiso convertir el mercado inmobiliario en un atajo hacia la residencia. El razonamiento fue explícito: evitar las distorsiones que se vieron en otros países del sur de Europa, donde los precios de la vivienda se dispararon en unas pocas zonas urbanas sin que la economía local recibiera nada tangible a cambio. Lisboa, Atenas y Barcelona son los ejemplos que se citan siempre, y no por casualidad: son las tres ciudades donde el debate sobre la vivienda acabó devorando el debate sobre la inversión.
Para el lector latinoamericano hay aquí un matiz importante. La ausencia de golden visa inmobiliaria no significa que Italia sea un país cerrado al capital extranjero: significa que le pide que el capital haga algo. Comprar un departamento en Milán es una decisión patrimonial; poner 250.000 € en una startup innovadora inscrita en el registro italiano es una decisión que el Estado reconoce como aportación al país, y por eso la premia con un título de residencia.
Un marco legal preciso: el artículo 26-bis
Con la Ley de Presupuestos de 2017 —la Ley 11 de diciembre de 2016, n. 232— Italia introdujo el artículo 26-bis del Texto Único de Inmigración (D.lgs. 286/1998), que creó la Investor Visa for Italy. El decreto interministerial del 21 de julio de 2017 lo hizo operativo. El programa admite exactamente cuatro tipos de inversión, y ninguna más.
| Tipo de inversión | Monto mínimo | Qué se exige mantener |
|---|---|---|
| Títulos de deuda pública italiana | 2.000.000 € | Mantenimiento durante al menos dos años |
| Participación en una sociedad de capital italiana | 500.000 € | Sociedad constituida y operativa en Italia |
| Startup innovadora inscrita en el registro italiano | 250.000 € | Condición de startup innovadora vigente y efectiva |
| Donación filantrópica de interés público | 1.000.000 € | Cultura, educación, investigación, patrimonio o inmigración |
Ninguna mención al inmueble. Y no es una omisión interpretable: el manual operativo del programa, de 19 de julio de 2021, dice literalmente que la posesión de bienes como inmuebles, o la participación en sociedades que no sean de capital, no se considerará prueba de disponibilidad de los recursos financieros mínimos, ni siquiera cuando exista una promesa de venta. Dicho de otro modo: en Italia una casa no solo no le da la residencia, tampoco sirve para demostrar que usted tiene el dinero.
Hay una segunda ventaja poco contada del artículo 26-bis: estas visas se conceden al margen de los cupos anuales del decreto flussi (el contingente de entradas por trabajo que fija el Gobierno italiano). Usted no compite por una plaza contra decenas de miles de solicitudes. Compite contra la calidad de su propio expediente, que es una competencia mucho más justa.
Estructuramos su entrada como inversor en Italia: elección de la categoría, trazabilidad de los fondos, expediente ante el Comité y aterrizaje completo una vez en el país.
Lo que el programa no acepta, aunque se lo ofrezcan
Conviene decirlo con claridad porque circulan intermediarios que prometen lo contrario. El programa está suspendido para ciudadanos rusos y bielorrusos, y también para quien tenga doble pasaporte si uno de los dos es ruso o bielorruso, por orden del Presidente del Comité del 14 de julio de 2023 y nota del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano del 20 de marzo de 2024, en aplicación de la Recomendación C(2022) 2028 de la Comisión Europea. Y los fondos deben ser líquidos, trazables y de origen acreditado: el Comité exige una carta firmada de la entidad financiera donde estén depositados, con declaración expresa de cumplimiento de los estándares del GAFI contra el blanqueo de capitales.
¿Qué pasó con las golden visas de España, Portugal y Grecia?
Aquí está el dato que más importa a quien lee en español, porque cambia por completo el mapa de opciones que se daba por bueno hasta hace poco. El modelo de residencia por compra de vivienda se está desmontando en Europa, y en algunos países ya no existe.
España: suprimida desde el 3 de abril de 2025
La golden visa española estaba en los artículos 63 a 67 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Esos cinco artículos quedaron sin contenido con efectos del 3 de abril de 2025, por la disposición final vigesimoprimera, apartado uno, de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. No es una reforma ni un endurecimiento de umbrales: es la desaparición de la figura. Quien busque hoy una visa de inversor española no la va a encontrar, porque ya no está en el ordenamiento.
El régimen transitorio, que también está en la misma norma, dice dos cosas. Primera: quien hubiera presentado la solicitud antes de esa fecha puede recibir la visa o la autorización conforme a la normativa vigente el día en que la presentó. Segunda: las visas y autorizaciones que estuvieran vigentes conservan su validez durante el tiempo para el que fueron expedidos, y las renovaciones se tramitan conforme a la normativa vigente en la fecha de concesión de la autorización inicial. Es decir: los que ya estaban dentro siguen dentro; la puerta se cerró para los nuevos.
Portugal: el inmueble fuera de la lista desde 2023
Portugal no eliminó su Autorización de Residencia para Actividad de Inversión, la conocida ARI, pero le quitó lo que la hacía popular. La Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro —el paquete «Mais Habitação»— derogó los supuestos ligados a la compra de inmuebles y a la transferencia simple de capital. En el texto consolidado de la Lei n.º 23/2007 esos apartados aparecen hoy sencillamente como «Revogada».
Lo que queda es un abanico más estrecho y más productivo: creación de al menos diez puestos de trabajo; 500.000 € en investigación científica; 250.000 € en producción artística o recuperación del patrimonio cultural; 500.000 € en participaciones de organismos de inversión colectiva que la propia norma exige que sean no inmobiliarios; y 500.000 € para constituir o reforzar una sociedad portuguesa con creación de al menos cinco puestos de trabajo permanentes. La lógica portuguesa de 2026 se parece mucho más a la italiana de 2017 que a la portuguesa de 2015.
Grecia: la última puerta inmobiliaria, y cada vez más estrecha
Grecia sigue siendo de los pocos países de la Unión que mantiene una vía de residencia ligada a la compra de un inmueble, pero ya no es la de hace cinco años: los umbrales se han elevado y se han diferenciado por zona, de modo que en las áreas de mayor presión —el área metropolitana de Atenas, Salónica y varias islas— la cifra exigida es sensiblemente más alta que en el resto del país, y existen supuestos específicos para la rehabilitación de edificios protegidos o el cambio de uso. Los umbrales vigentes, fijados por el artículo 100 de la Ley 5038/2023 tras la reforma del artículo 64 de la Ley 5100/2024, son de 800.000 € en la Región del Ática, la unidad regional de Salónica, las unidades de Míconos y Tera y las islas de más de 3.100 habitantes, y de 400.000 € en el resto del país; en ambos casos la inversión debe concentrarse en un solo inmueble y, si está edificado, con una superficie mínima de 120 m² de espacios principales. Se mantiene un umbral de 250.000 € para el inmueble cuyo uso se cambia a vivienda y para el edificio protegido que se restaura, sin límite de superficie. El permiso griego dura cinco años y es renovable. Los importes se revisan con frecuencia: conviene comprobarlos en la fuente griega antes de decidir.
| País | Situación en 2026 | ¿Sirve comprar un inmueble? |
|---|---|---|
| Italia | Investor Visa vigente, cuatro categorías productivas | No, y ni siquiera acredita solvencia |
| España | Suprimida con efectos del 3 de abril de 2025 | No, la figura ya no existe |
| Portugal | ARI vigente, sin la opción inmobiliaria desde 2023 | No, ni directa ni indirectamente vía fondos |
| Grecia | Vía inmobiliaria vigente, umbrales elevados por zona | Sí: 800.000 € en las zonas de más presión, 400.000 € en el resto, 250.000 € por cambio de uso o edificio protegido |
Visto así, el enfoque italiano deja de parecer una rareza. Italia excluyó la compra de vivienda desde el primer día, y por eso no ha tenido que rectificar nada cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo empezaron a señalar los riesgos de blanqueo, la opacidad de los flujos financieros y el escaso retorno económico de los esquemas basados en inversión pasiva. El programa italiano llega a 2026 sin correcciones de urgencia y sin la presión regulatoria que sí han sufrido sus vecinos: es más pequeño en números absolutos, pero es de los pocos que sigue plenamente alineado con los estándares europeos de transparencia y control.
Las dos vías reales para entrar en Italia como inversor
Si no hay «golden visa italiana», ¿qué hay? Dos caminos legalmente sólidos, pensados para perfiles distintos, y que casi nunca se confunden una vez se entiende la diferencia: uno mide capital, el otro mide proyecto.
Investor Visa for Italy: la vía del capital
La vía del inversor es la opción principal y la más estructurada. Se dirige a personas con patrimonio disponible que estén dispuestas a comprometer capital en la economía italiana a través de una de las cuatro categorías de la tabla anterior. Da un permiso de residencia de dos años, renovable por tres más si la inversión se mantiene, con posibilidad de reagrupación familiar. Con cinco años de permiso válido se abre la puerta a solicitar el permiso de residencia UE de larga duración, que no exige conservar la inversión sino renta no inferior al assegno sociale, alojamiento idóneo y la superación de un test de conocimiento del italiano.
La secuencia es sencilla de contar y exigente de ejecutar: primero se pide el nulla osta (el certificado de no impedimento) al Comité del Ministerio a través de su portal; con ese documento se solicita la visa en el consulado italiano del país de residencia; ya en Italia, se pide el permiso de residencia en la questura (la jefatura de policía provincial) y se ejecuta la inversión dentro de los tres meses siguientes a la llegada. Nadie le pide el dinero por adelantado: la inversión se materializa después de entrar, no antes.
No es una vía barata, y no pretende serlo. Pero ofrece algo que en 2026 escasea en Europa: un camino claro y jurídicamente sólido, con años de continuidad a sus espaldas. Lo que no equivale a una garantía de inmovilidad: la propia numeración de los regímenes fiscales italianos cambia el 1 de enero de 2027, cuando el Decreto Legislativo 117/2026 traslada la flat tax al artículo 246 y el régimen de impatriados al artículo 225 del nuevo texto único.
Startup Visa: la vía del proyecto
Para quien no dispone de grandes capitales pero sí de un proyecto empresarial innovador, Italia ofrece la Startup Visa. Va dirigida a emprendedores extracomunitarios que quieren lanzar en Italia una empresa tecnológica o innovadora. El acceso no se mide por volumen de inversión, sino por la capacidad de presentar un plan de negocio creíble e innovador, evaluado por un comité técnico dedicado.
Es la alternativa basada en el proyecto frente a la basada en el capital, y encaja especialmente bien con fundadores, equipos en fase de escalado e innovadores que buscan una puerta de entrada al mercado europeo. Para muchos profesionales latinoamericanos con una empresa ya rodada en su país, es una vía más realista que reunir 500.000 € líquidos, y el acompañamiento del expediente técnico pesa aquí más que el saldo bancario.
¿Cuánto cuesta de verdad, más allá del umbral publicado?
El umbral no es el costo. Es la parte visible. Quien planifica solo con la cifra del ministerio suele llevarse dos sorpresas, y ninguna de las dos es agradable.
La primera es que el dinero tiene que ser líquido y trazable en el momento de la solicitud. No basta con tener patrimonio: hay que poder demostrar, con documentación bancaria, que los fondos existen, están disponibles y proceden de una fuente lícita. Los instrumentos financieros valen si son convertibles en efectivo dentro del plazo legal de ejecución. Los inmuebles y las participaciones en sociedades que no son de capital, ya lo hemos dicho, no cuentan. Para un empresario argentino o venezolano con la mayor parte del patrimonio en activos no líquidos o en jurisdicciones con controles de cambio, esta es la parte del proyecto que más tiempo consume, y la que conviene empezar a resolver un año antes, no un mes antes.
La segunda es que alrededor del umbral hay una capa de costos que nadie publica en un titular: traducciones juradas y apostilla de La Haya de los documentos personales, certificado de antecedentes penales, firma electrónica cualificada para presentar en el portal, asesoría legal y fiscal en Italia, commercialista (el contador italiano) para estructurar la inversión, y los costos del propio vehículo societario si la inversión se canaliza a través de una sociedad. A eso se suma el costo de vida durante el periodo de instalación, que en Milán o en Roma no se parece al de Buenos Aires ni al de Ciudad de México: los números reales, ciudad por ciudad, están en la guía del costo de vida en Italia.
¿Qué derechos da esta vía a su familia?
Es la pregunta que más se subestima y la que más retrasos provoca. La Investor Visa permite la reagrupación familiar, pero no la regala: es un procedimiento propio, con su documentación, sus plazos y sus requisitos de vivienda y de ingresos, que se tramita una vez el titular principal ya reside en Italia.
El cuello de botella nunca es la ley: es el papeleo. Actas de matrimonio, actas de nacimiento, certificados de estado civil, traducciones oficiales, legalizaciones y apostillas de varios países a la vez, y la coherencia entre todos esos documentos —que los nombres, las fechas y las grafías coincidan— es lo que decide si la familia entra en seis meses o en dieciocho. En América Latina, donde no es raro que un mismo apellido esté escrito de tres formas distintas en tres registros civiles, este trabajo previo vale más que cualquier atajo.
La regla práctica es una sola: diseñe el proyecto como familiar desde el primer día, no como «yo entro y después vemos». Los familiares reagrupados obtienen un permiso por motivos familiares que sí permite trabajar en Italia sin autorización adicional, y los hijos menores acceden a la escuela pública en las mismas condiciones que los italianos. Los detalles del procedimiento están en la guía de la visa de reagrupación familiar.
El marco fiscal: por qué Italia compite sin bajar los umbrales
Aquí está la pieza que explica por qué inversores que podrían elegir cualquier país acaban mirando a Italia. La residencia es una cosa; la residencia fiscal es otra, y es la que mueve las cifras grandes.
La flat tax para nuevos residentes: 300.000 € desde 2026
El artículo 24-bis del Texto Único del Impuesto sobre la Renta italiano (TUIR) permite a quien traslada su residencia fiscal a Italia pagar un impuesto sustitutivo fijo sobre las rentas de fuente extranjera, con independencia de su cuantía, durante un máximo de quince años. La cifra ha cambiado tres veces y conviene tener el eje temporal claro: eran 100.000 € anuales hasta agosto de 2024; pasaron a 200.000 € entre agosto de 2024 y diciembre de 2025; y son 300.000 € anuales para quien traslada la residencia a partir del 1 de enero de 2026, por efecto de la Ley 199/2025: quien ya había ejercido la opción conserva el importe vigente en su momento. Cada familiar puede acogerse por 50.000 € adicionales al año en la cohorte de 2026, y por 25.000 € en las anteriores.
Una advertencia útil: el manual operativo del propio programa de inversores, que es de 2021 y sigue publicado, todavía menciona 100.000 € y 25.000 € por familiar. Es un documento oficial desactualizado en ese punto concreto. Las cifras vigentes son las de 2026, y el resto del manual sigue siendo válido. Los umbrales, los supuestos de exclusión y el cálculo real están explicados en la guía de la flat tax italiana para nuevos residentes.
La renta de fuente italiana queda fuera del régimen y tributa con las reglas ordinarias. Esa arquitectura permite una planificación internacional avanzada sin tener que reorganizar toda la estructura patrimonial global, que es exactamente lo que busca un patrimonio repartido entre varios países.
Los otros dos regímenes, para perfiles distintos
Junto a la flat tax, Italia mantiene dos incentivos que a menudo encajan mejor con el perfil real del solicitante. El regime impatriati —el régimen italiano para quien traslada su residencia a Italia para trabajar, regulado por el artículo 5 del D.lgs. 209/2023— excluye de tributación el 50 % de la base imponible hasta 600.000 € anuales durante cinco periodos impositivos, y el 60 % si hay un hijo menor. No confunda este régimen con el español de la Ley Beckham: son normas distintas, de países distintos, con requisitos distintos.
Y el régimen del 7 % del artículo 24-ter del TUIR, para quien percibe una pensión de fuente extranjera y fija su residencia en un municipio del sur de Italia o de las islas: aplica un impuesto sustitutivo del 7 % sobre todas las rentas de fuente extranjera durante diez periodos impositivos. El umbral de población del municipio subió de 20.000 a 30.000 habitantes el 7 de abril de 2026 (Ley 34/2026), lo que amplió notablemente la lista de destinos elegibles.
| Régimen | Para quién | Qué aplica | Duración |
|---|---|---|---|
| Flat tax nuevos residentes (art. 24-bis) | Grandes patrimonios con renta extranjera | 300.000 €/año desde el 1 de enero de 2026; 50.000 € por familiar | Hasta 15 años |
| Regime impatriati (art. 5 D.lgs. 209/2023) | Profesionales y directivos que trasladan su trabajo a Italia | Exclusión del 50 % de la base imponible hasta 600.000 €/año; 60 % con hijo menor | 5 periodos impositivos |
| Régimen del 7 % (art. 24-ter) | Jubilados con pensión de fuente extranjera | 7 % sobre rentas extranjeras en municipios del sur de hasta 30.000 habitantes | 10 periodos impositivos |
Los tres regímenes son alternativos entre sí y responden a lógicas distintas: patrimonio, trabajo y jubilación. Elegir mal cuesta caro y casi nunca tiene marcha atrás, porque la opción se ejerce en el momento de trasladar la residencia fiscal. Y hay un error de orden que se repite mucho: optimizar la fiscalidad antes de haber resuelto la vía de entrada. Primero el título legal para vivir en Italia; después, cuando el centro de vida se ha movido de verdad, la arquitectura fiscal.
¿Y si de todos modos quiero comprar un inmueble en Italia?
Que no exista una golden visa inmobiliaria no significa que invertir en ladrillo italiano sea imposible ni poco atractivo. Significa que es una decisión patrimonial separada de la decisión migratoria, y que hay que tomarla en ese orden: primero el derecho a vivir en Italia, después el inmueble. Al revés —comprar esperando que la casa desbloquee la residencia— es la trampa clásica, y suele terminar con una visa inadecuada elegida a las prisas.
Para quien planea una estancia larga, la compra puede ser un paso paralelo o posterior muy razonable, y ahí lo que decide es el acceso al crédito: los bancos italianos aplican criterios distintos a residentes y a no residentes, y la hipoteca en Italia para extranjeros es un terreno donde llegar preparado ahorra meses. Quien busca rentabilidad o precios de entrada más ventajosos encuentra un canal complejo pero real en las subastas judiciales italianas, con sus procedimientos y sus riesgos propios. Y si lo que quiere es simplemente entender cómo funciona la compra desde el extranjero —notario, codice fiscale (número de identificación fiscal italiano), impuestos de transmisión—, el recorrido completo está en la guía de cómo comprar casa en Italia desde el exterior.
Existe además una tercera vía que casi nadie contempla y que para muchos lectores latinoamericanos es la más realista: si usted vive de rentas pasivas estables —alquileres, dividendos, una pensión— y no de un capital que pueda inmovilizar, la visa de residencia electiva resuelve el mismo problema por otro camino. La Investor Visa mide capital; la residencia electiva mide ingresos recurrentes. Muchos candidatos eligen mal porque miran su patrimonio y no el tipo de renta que ese patrimonio genera.
Para patrimonios que se mudan con la familia: elección del régimen fiscal, coordinación con el asesor de origen y gestión completa del traslado.
Conclusión
Quien busca una «golden visa en Italia» acaba descubriendo una realidad simple y a menudo mal contada: Italia no da residencia a cambio de comprar una casa, y nunca lo ha hecho. Lo que ofrece es una estrategia más selectiva, orientada a atraer capital productivo, iniciativa empresarial, innovación e inversiones de valor social, en lugar de flujos inmobiliarios especulativos.
Las dos alternativas jurídicamente sólidas son claras: la Investor Visa for Italy, para quien puede comprometer capital en uno de los cuatro sectores admitidos, y la Startup Visa, para emprendedores e innovadores con un proyecto de impacto. A ellas se suman regímenes fiscales competitivos —la flat tax para nuevos residentes, el regime impatriati, el 7 % para jubilados extranjeros— que convierten a Italia en un sistema flexible, adaptable a perfiles muy distintos.
En 2026, además, esa elección de 2016 se ve con otra luz. España suprimió su golden visa el 3 de abril de 2025, Portugal sacó el inmueble de la lista en 2023 y también Irlanda dejó de emitir permisos por inversión antes que ellos. Italia no ha tenido que desmontar nada porque nunca montó lo que los demás están desmontando. Para un inversor que planifica a diez o quince años, esa estabilidad regulatoria vale tanto como un umbral bajo, y probablemente más.
La clave, al final, no está en obtener el título de residencia: está en combinar bien las piezas. Vía de entrada, calendario fiscal, estructura patrimonial y proyecto familiar forman un mismo diseño, y funcionan solo si se piensan juntos y en el orden correcto.
- Ministerio de Empresas y del Made in Italy — Investor Visa for Italy — Portal oficial del programa: los cuatro umbrales de inversión y la suspensión para ciudadanos rusos y bielorrusos.
- Manual operativo del programa, 19 de julio de 2021 — Documento que excluye los inmuebles como prueba de disponibilidad de los recursos mínimos y detalla la trazabilidad de los fondos.
- Decreto Interministerial de 21 de julio de 2017 — Norma de desarrollo del artículo 26-bis sobre entrada y estancia de inversores.
- Normattiva — D.lgs. 286/1998, Texto Único de Inmigración — Artículo 26-bis: visa de inversor al margen de los cupos del decreto flussi.
- Gaceta Oficial de la República Italiana — Ley 232/2016 — Ley de Presupuestos de 2017, que introdujo el artículo 26-bis y el régimen del artículo 24-bis del TUIR.
- BOE — Ley 14/2013, texto consolidado — Artículos 63 a 67 sin contenido con efectos del 3 de abril de 2025: la golden visa española suprimida.
- BOE — Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero — Disposición final vigesimoprimera: supresión de la visa de inversor española y régimen transitorio.
- Diário da República — Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro — Paquete «Mais Habitação»: derogación de los supuestos inmobiliarios de la ARI portuguesa.
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Preguntas frecuentes
No. Italia no tiene ni ha tenido nunca una golden visa ligada a la compra de vivienda. El artículo 26-bis del Texto Único de Inmigración admite cuatro inversiones y ninguna incluye inmuebles. El manual operativo del programa, de 19 de julio de 2021, va más lejos: la posesión de un inmueble tampoco sirve para acreditar que usted dispone de los recursos financieros mínimos exigidos, ni siquiera con promesa de venta.
La Investor Visa for Italy, pero funciona con otra lógica. Usted no compra un activo y recibe residencia: primero califica en una categoría de inversión aprobada —deuda pública, sociedad de capital, startup innovadora o donación filantrópica—, obtiene el nulla osta del Comité ministerial y solo después convierte esa aprobación en visa y en permiso de residencia. La inversión se ejecuta ya estando en Italia.
No. La inversión se materializa después de entrar en el país: dispone de tres meses desde su llegada para ejecutarla y acreditarla ante el Comité. Lo que sí debe demostrar en el momento de solicitar es que los fondos existen, están disponibles, son líquidos o convertibles y tienen origen lícito, con una carta firmada de la entidad financiera donde estén depositados.
No. Las visas del artículo 26-bis se conceden con independencia de los cupos anuales de entrada previstos en el artículo 3, apartado 4, del Texto Único de Inmigración. Es una de sus ventajas menos conocidas: usted no compite por una plaza limitada contra decenas de miles de solicitudes, sino que su expediente se evalúa por sus propios méritos y en sus propios plazos.
No. Los artículos 63 a 67 de la Ley 14/2013 quedaron sin contenido con efectos del 3 de abril de 2025, por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Quien hubiera presentado la solicitud antes de esa fecha puede resolverla conforme a la normativa anterior, y las autorizaciones vigentes conservan su validez y se renuevan bajo la norma de su concesión inicial. Para nuevas solicitudes, la figura ya no existe.
El permiso inicial es de dos años. Si la inversión o la donación se mantienen durante ese periodo, puede solicitarse una renovación de tres años más, pidiendo un nuevo nulla osta al Comité con al menos sesenta días de antelación al vencimiento. Si la inversión se conserva cinco años, se abre la posibilidad de solicitar la tarjeta de residencia de larga duración.
En principio sí, pero conviene separar dos planos que se confunden a menudo. El estatus migratorio depende de cumplir las condiciones del permiso; la residencia fiscal depende de hechos —dónde está su centro de intereses vitales, dónde vive habitualmente— y se rige por reglas propias. Tener un permiso de residencia no activa automáticamente la residencia fiscal, ni evitarla es automático.
Con frecuencia sí, pero es una arquitectura, no un paquete cerrado. La elegibilidad migratoria responde a una lógica y los regímenes fiscales a otra, y el momento en que usted traslada efectivamente su centro de vida afecta a ambas. Optimizar demasiado pronto suele generar consecuencias no deseadas: lo habitual es planificar la entrada legal primero y la opción fiscal cuando la residencia se consolida.
No tanto cuánto dinero tiene usted en abstracto, sino si los fondos son de origen lícito, trazables y transferibles, y si la inversión encaja con precisión en una de las cuatro categorías. Muchos expedientes se atascan por documentación bancaria incompleta, origen de fondos poco claro o una estructura societaria que no corresponde exactamente a la categoría declarada. Es un proceso de cumplimiento, no un folleto comercial.
Entonces la vía natural no es la Investor Visa sino la residencia electiva, pensada para quien vive de rentas pasivas recurrentes y no de un capital inmovilizable. Son dos instrumentos que resuelven problemas distintos: la visa de inversor mide capital disponible, la residencia electiva mide sostenibilidad de ingresos. Elegir mirando solo el patrimonio, y no el tipo de renta que genera, es el error más común.
